La precariedad de medidas de protección con las que están afrontando los profesionales sanitarios la pandemia del coronavirus, que ha convertido a la primera línea de combate en la más castigada por los contagios, amenaza con castigar la presunta inacción del Gobierno en los tribunales. En este sentido, ante las constantes denuncias del personal médico del Servicio Nacional de Salud, el sindicato de funcionarios CSIF ha anunciado que está estudiando acciones jurídicas y centenares de denuncias ante la Inspección de Trabajo o incluso a la Fiscalía, “para que tomen cartas en el asunto ante la situación de desprotección a la que se ve expuesto el personal de residencias de mayores y de la Sanidad en muchos hospitales que, obligados por sus superiores, deben atender a pacientes con coronavirus sin disponer de los materiales de protección adecuados, como mascarillas seguras, EPIs o gafas protectoras”. En un comunicado, el sindicato más representativo en las administraciones públicas, denuncia que la falta de este material “está provocando un gran número de bajas entre celadores, TCAEs y enfermeras, médicos y en general de todo el personal que trabaja en la Sanidad (mantenimiento, limpieza, administración)”. De hecho, y según los datos oficiales, España es hoy el país con el porcentaje mayor de sanitarios infectados, cuatro puntos porcentuales más que Italia. Según CSIF, comienza a instalarse entre el personal sanitario una “rebelión”, ya que muchos se niegan a atender a pacientes infectados debido a la alta exposición al virus por contar, por ejemplo, con mascarillas quirúrgicas, que no sirven para evitar contagios, y no con las correspondientes FFP2. Esta situación está provocando amenazas de los superiores, que advierten de la incoación de expedientes, según CSIF. Esta división entre los profesionales en el peor momento de la expansión de la pandemia, queda reflejada en el caso de una jefa médica en el Hospital Álvaro Junqueiro (Vigo), que ha sido destituida tras criticar la falta de medidas de protección. El sindicato también ha denunciado la actuación de la consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, que “en una comparecencia inverosímil ha responsabilizado a los propios profesionales de sus contagios”. CSIF advierte de que está tomando nota de estos mandos intermedios y equipos directivos para, cuando pase esta crisis, denunciarlos ante las instancias pertinentes y pedir su cese por poner en riesgo la salud de los trabajadores.
Estas amenazas de apertura de expedientes se están dando en el hospital Ramón y Cajal de Madrid, en el que un grupo de unos 50 sanitarios, entre enfermeras, TCAEs, celadores y médicos, se han plantado ante los mandos intermedios, ya que estos les niegan las mascarillas que son obligatorias para atender a pacientes infectados.
Cierre de la actividad laboral no crucial
Asimismo, CSIF ha dirigido una carta al Ministerio de Sanidad para que el Gobierno proceda al cierre de la actividad laboral de todas las empresas a excepción de las que por su actividad estén consideradas como servicio básico esencial al amparo del estado de alarma, para combatir la pandemia. También se reclama que los trabajadores que por su actividad profesional deban acudir a su puesto de trabajo, sean considerados de alto riesgo y por ello dotados de manera inmediata de protección individual suficiente y adecuada, prestando especial atención al personal de la sanidad.
Source: La Razon