La muerte ocurrió cerca a una instalación militar en la zona norte de la ciudad luego de que el conductor de una motocicleta supuestamente desobedeciera la orden para detenerse que le dieron los miembros de una patrulla del Ejército que habían montado un retén en la vía, según el Comando Militar del Este.

El motociclista fue tiroteado por uno de los soldados que estaban en el retén y murió de forma inmediata víctima de un disparo en una zona aledaña de la Villa Militar y próxima de una importante vía expresa para autobuses conocida como Transolímpica.

La muerte provocó protestas de algunos vecinos de la Villa Militar, que llegaron a quemar un autobús en las inmediaciones.

De acuerdo con el Comando Militar, la víctima, identificada como Diego Augusto Ferreira, de 25 años, tenía tres antecedentes criminales, dos de ellos registrados cuando aún era menor de edad.

El Comando Militar del Este, división del Ejército con jurisdicción en Río de Janeiro, informó de que el hecho está siendo investigado y que adoptó todas las medidas necesarias para aclararlo.

La Comisaría de Homicidios de Río de Janeiro informó de que no recibió denuncia sobre la muerte y el Decimocuarto Batallón de Policía también negó haber sido comunicado del hecho.

Ello debido a que una polémica ley sancionada en octubre pasado por el presidente brasileño, Michel Temer, transfiere a tribunales militares el juicio de los crímenes contra civiles cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en Brasil.

Dicha ley ha sido criticada por todas las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, incluso por la OEA y la ONU, y su revocación fue solicitada recientemente por la Defensoría de Río de Janeiro en una denuncia que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La norma garantiza la competencia de los tribunales militares en los crímenes dolosos contra civiles cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad pública ordenadas por la Presidencia y el Ministerio de Defensa.

La Defensoría destacó que la ley entró en vigencia tan sólo cuatro meses antes de que, el 16 de febrero pasado, el Gobierno decretara la intervención militar en la seguridad de Río, que puso en manos del Ejército el control del orden público en este estado.

La intervención busca poner fin a la creciente ola de violencia que vive Río desde que organizó los Juegos Olímpicos de 2016 y que dejó 6.731 muertos el año pasado.

Los militares vienen siendo usados en operativos puntuales en favelas de Río controladas por organizaciones criminales, pero hasta ahora no han conseguido frenar la violencia. EFE / RA