«El juez ha decidido que no habrá extradición y ha descartado los tres cargos que se formularon», afirmó uno de sus abogados, Simon Bekaert, a la salida de la vista celebrada en el tribunal de primera instancia de Gante (noreste de Bélgica).

La justicia española emitió en mayo una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) contra el músico, cuyo nombre real es José Miguel Arenas Beltrán, que se marchó de España para no cumplir una pena de tres años y medio de prisión.

En febrero, el Tribunal Supremo español confirmó en casación una condena de 2017 contra el rapero de 24 años por enaltecimiento de la banda separatista vasca ETA (2 años), por injurias al rey (1 año) y amenazas (6 meses) en sus canciones.

Pero la justicia belga rechazó su entrega a España «por falta de doble incriminación», explicó a la prensa otro de sus letrados Gonzalo Boye, para quien el fallo del juez es «muy claro». «Esto es libertad de expresión», agregó.

A la espera de conocer si la fiscalía de Gante recurre la decisión del magistrado, el músico confesó el lunes tener sentimiento contrapuestos, ya que, pese a «poder ser libre», tuvo que marcharse de su país «para hallar justicia».

«No se trata de terrorismo»

La Audiencia Nacional en España lo había condenado en febrero de 2017, al hallar delitos en las letras de sus canciones, con frases como «El rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley».

Sobre el delito de injurias a la Corona, Bekaert explicó que el juez lo rechazó ya que la justicia española «se ha referido a artículos de la ley belga» para pedir su extradición «que no lo convierten en un delito que concierna al rey».

Además, «el juez ha decidido que no se trata de terrorismo, ni de incitación al terrorismo, por lo que no se trata de un delito según la legislación belga», agregó el abogado belga sobre el delito más grave por el que se condenó a Valtonyc.

Su condena en España no es un caso aislado. Varios internautas y artistas han sido condenados por mensajes considerados como apología del terrorismo en virtud de una legislación antiterrorista, criticada por Amnistía Internacional.

En su informe ‘Tuitea si te atreves’, esta oenegé estima que «las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España» y que existe un «hostigamiento» a una serie de expresiones en internet «desde letras de canciones políticamente controvertidas hasta simples chistes».

Bélgica fue el destino también de parte de los miembros del gobierno del expresidente catalán Carles Puigdemont, quienes se marcharon también de España tras una declaración fallida de independencia de Cataluña en octubre. AFP / RA